Universidad Complutense de Madrid

La actual Universidad Complutense de Madrid es la que fundara el Cardenal Cisneros como consecuencia de la Carta Bulada “Inter cetera”, otorgada por Alejandro VI, el 13 de abril de 1499, para conceder al Cardenal el privilegio de fundar y construir un Colegio de Escolares que debería ubicarse en Alcalá de Henares. Cisneros ordenó la construcción del Colegio Mayor San Ildefonso un mes antes de que se otorgase la Carta bulada, colocándose la primera piedra en marzo de 1499. La idea era crear el Colegio Complutense en el que se impartiesen las enseñanzas de Teología, Derecho Canónico y Artes Liberales. La carta bulada papal concede, precisamente, autorización para eso, “un Colegio de estudiantes donde se lean enseñanzas de las Facultades de Teología, Derecho Canónico y Artes”. Desde el principio aquel Colegio se asentó en el lugar donde se había ubicado Complutum, la ciudad romana del Siglo I a.C. Las obras acabaron en 1508 y en ese año empezaron a estudiar los primeros alumnos. El día 17 de octubre se eligió al primer Rector de la Universidad –Pedro del Campo-, inaugurándose el Curso el día 18 con una lección sobre la filosofía moral de Aristóteles. La idea inicial de Cisneros reproducía el contenido de los estudios de las Universidades medievales europeas –las que siguieron a los Estudios Generales- en las que se estudiaba Teología, Medicina y Jurisprudencia, siendo preparatorias las enseñanzas de Artes Liberales. Pretendía el Cardenal con la estructura colegial permitir estudiar a personas sin recursos que eran acogidas y becadas. Tras múltiples avatares sufridos por la Universidad ubicada en Alcalá, que pasó de los iniciales momentos de gloria, a un considerable declive,en 1821, en el Reglamento General de Instrucción Pública, se ordenó la creación de la Universidad Central de Madrid, suprimiéndose un año después la asentada en Alcalá.

La ubicación, en segundo intento, de la Universidad en Madrid -con la denominación de Central- se produce a partir de 1836. Hasta 1837 no se completó el traslado de las Facultades o Estudios; en ese momento eran las de Teología, Filosofía, Cánones y Jurisprudencia (la Facultad era la de Cánones y convivía con los Estudios de Jurisprudencia), Ciencias, Medicina y Farmacia (que se consideraba Estudio y no Facultad). En 1843 ya no quedaba en Alcalá ningún vestigio de la institución fundada por Cisneros. La Universidad, ya radicada en Madrid, se llamó “Literaria de Madrid” hasta 1850, recuperándose a partir de este último año el nombre de “Central”. Con el Plan Pidal de 1845 se establecen las Facultades que, con alguna variación sobre las existentes en 1837, eran: Teología, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia (que deja de considerarse Estudio para ser Facultad, al escindirse la Facultad de Ciencias Médicas de 1843 en dos Facultades –Medicina y Farmacia-) y Filosofía y Letras, considerada entonces “Facultad menor”, en contraste con las anteriores que eran “Facultades mayores”. En 1847, la de Filosofía pasa a ser “Facultad mayor”. En 1852 se suprimieron las Facultades de Teología, aunque se reinstauraron en 1854 en cuatro Universidades -Central, Sevilla, Zaragoza y Santiago de Compostela-, consolidándose esta situación con la Ley Moyano de 1857. Con vaivenes y sucesivas normas que modificaban los estudios universitarios de Teología, se mantuvieron unos años más. La desaparición definitiva se produce en 1868. También en 1852, se inauguró el Paraninfo de San Bernardo. En 1858 se integraban en la Universidad Central, además de las seis Facultades (Teología, Filosofía y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Derecho, Medicina y Farmacia), las siguientes Escuelas: Real Conservatorio de Música y Declamación, Normal de Primera Enseñanza, Agricultura, Arquitectura, Diplomática, Ingenieros Mecánicos y Químicos, Veterinaria y Comercio.

A partir de 1868, tras la caída de Isabel II, durante los años del Sexenio Revolucionario se abrió una etapa de radicales e ilusionantes reformas. El discurso inaugural del curso académico 1868-1869 fue dictado por el recién nombrado Rector, Fernando de Castro, y explicitaba las directrices de la política académica de las nuevas autoridades: independencia de ciencia y enseñanza respecto del Gobierno e Iglesia, autonomía del profesor en la expresión de su pensamiento y ética profesional en el desarrollo de su actividad académica. Estos mismos postulados, de clara inspiración krausista, fueron defendidos por Francisco Giner de los Ríos, que inspiró una política universitaria donde se acentuó la libertad de enseñanza y se plantearon reformas sustanciales en la organización académica, entre ellas la mayor autonomía universitaria, la supresión -en 1870- del carácter universitario del grado de bachiller y la eliminación de los estudios de Teología. Muchas de las iniciativas, utópicas, fracasaron en la agitación política del Sexenio. La Restauración monárquica, en 1875, trajo consigo una actitud más conservadora en los gestores políticos de la enseñanza universitaria; las escasas innovaciones aprobadas en la etapa anterior, se vieron alicortadas. Estas limitaciones dieron lugar, de nuevo, a un enfrentamiento en el que intervino parte de la comunidad universitaria, en lo que ha venido a denominarse ‘la segunda cuestión universitaria’. Pese a las idealistas medidas pergeñadas durante el Sexenio y los vaivenes entre los gobiernos conservadores y liberales de la Restauración, la estructura universitaria diseñada por Moyano permaneció, básicamente, inalterada. Tras casi medio siglo de vida, la legislación universitaria había quedado caduca: la sociedad demandaba nuevos perfiles profesionales y la investigación, que comenzaba a desarrollarse en la Universidad, apuntalada por figuras como José Rodríguez Carracido, Ignacio Bolívar, Ramón Menéndez Pidal o Santiago Ramón y Cajal, tenía mal encaje, en términos académicos y de infraestructura, en ese obsoleto modelo universitario. Se hacía precisa una reforma en profundidad.

La crisis del 98 evidenció los males de la patria y enfatizó la necesidad de una reforma en profundidad de la educación en todos sus grados. La creación del Ministerio de Instrucción Pública, en 1900, marcó una nueva etapa en la historia de las universidades españolas; quién ejerció por primera vez este cargo, Antonio García Alix, puso en marcha una reforma en los planes de estudio universitarios, en un proceso de adecuación a los establecidos en las universidades europeas. En la línea de reformas universitarias que inspiraban la labor de los sucesivos ministros de instrucción pública en los primeros años del siglo XX, se enmarca la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, desde la que se fomentó una política de becas en el extranjero y de establecimiento de laboratorios de investigación, en ella tuvieron presencia activa catedráticos de la Universidad de Madrid. El impulso reformista de la primera década se vio atemperado por las circunstancias políticas y sociales, tanto españolas como internacional. Sólo a finales de la década de 1910, se atisba una línea de innovación en la política universitaria, con promulgación, mayo de 1919 de un Real Decreto sobre autonomía universitaria, que –pese a las inconsistencias gubernativas- permitió la elaboración de un ‘Estatuto’, donde se reconocía una limitada independencia académica para la Universidad de Madrid. Este marco legislativo fue dejado en suspenso durante la Dictadura de Primo de Rivera, la cual desarrolló su propio concepto de autonomía universitaria, dentro de las medidas legislativas que caracterizaron este periodo dictatorial. El segundo gran motor en la modernización de la Universidad Central durante el primer tercio del siglo XX fue la construcción de la Ciudad Universitaria. El proyecto arrancó en la primavera de 1929, al constituirse, bajo la protección de Alfonso XIII, la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. La dictadura del general Primo de Rivera perseguía un doble objetivo: reubicar la conflictiva masa de alumnos fuera del centro de la ciudad y presentar un proyecto ampuloso vinculado a la creación de infraestructura. La Junta constructora se encargó de gestionar la adquisición o cesión de los terrenos en La Moncloa y el arquitecto Modesto López Otero dirigió las obras.l proclamación de la II República determinó la supresión del frágil entramado universitario bosquejado por la Dictadura primoriverista, a la vez que afianzó el proyecto de Ciudad Universitaria. El ideario republicano introdujo novedades en el diseño de nuevos planes de estudio y en la organización académica: en septiembre de 1931 el gobierno ponía en marcha, a título experimental, un nuevo plan de estudios para la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, que otorgaba un régimen de preautonomía. El espíritu de estos planes se plasmó y amplió en el proyecto de Ley de Bases de Enseñanza Universitaria, presentado por el ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos en marzo de 1933. Se definía allí una universidad moderna, formadora del hombre, del profesional y del investigador. A lo largo de los años treinta las obras de la Ciudad Universitaria avanzaron a buen ritmo; en enero de 1933, se inauguró oficialmente el primer edificio del recinto: la Facultad de Filosofía y Letras. En 1936 el núcleo central del proyecto estaba ultimado: se habían inaugurado algunos edificios, lo que permitía la actividad docente en ellos, y otros se encontraban próximos a su finalización. Durante la guerra civil, los terrenos de la Ciudad Universitaria se convirtieron en frente permanente de guerra, lo que imposibilitó el desarrollo cotidiano de la actividad académica. Gran parte del profesorado universitario madrileño, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Instrucción Pública, se trasladó a Valencia.

Poco antes de que acabara la guerra, el gobierno de Franco había nombrado ya al primer Rector de la Dictadura, el catedrático Pío Zabala y Lera, a quien le correspondió poner en marcha los nuevos planes que las autoridades franquistas diseñaron para la Universidad. El exilio y la depuración del personal docente universitario mermaron significativamente el claustro de la Universidad de Madrid, cerca del 40 por ciento de su profesorado se vio afectado. En 1943 entraría en vigor la Ley de Ordenación de la Universidad española, vigente hasta 1970 y que marcó las coordenadas de la universidad franquista. Con ella quedaba certificada la estructura centralista de la universidad española (sólo en Madrid se alcanzaría, hasta 1954, el título de doctor); se reconocía al Rector –nombrado directamente por el Gobierno- como la autoridad máxima de la Universidad (una autoridad más amplia y con mayor presencia que nunca); se involucraba en la labor universitaria a la Iglesia (que incorporaba la enseñanza de la religión en los planes de estudio), al Ejército (que se encargaría de la, entonces también obligatoria, educación física) y a Falange (encargada de encuadrar a alumnos y profesores, por filiación obligatoria, en el SEU y en el Servicio Español del Profesorado Universitario). La nueva ley reconocía en Madrid, igualmente, la existencia de dos nuevas facultades, la de Veterinaria (heredera de la Escuela de Veterinaria, que se remonta a finales del siglo XVIII) y la de Ciencias Políticas y Económicas. Entre 1951 y 1956 tomó las riendas del rectorado madrileño Pedro Laín Entralgo, inaugurando un tiempo en el que el gobierno de la universidad se atenuó, siquiera mínimamente, la rígida tutela sobre la vida académica. En 1956, la celebración de un Congreso Universitario de Escritores Jóvenes autorizado por el rector Laín, avaló la difusión de un manifiesto redactado por estudiantes como Javier Pradera, Enrique Múgica y Ramón Tamames, donde se planteaba una ruptura con el SEU. Las tensiones se incrementaron y los estudiantes (por ver primera desde la guerra civil) se manifestaron. En la Ciudad Universitaria pero, sobre todo, en las calles de San Bernardo y Alberto Aguilera los sucesos llegaron a su punto más violento. Los enfrentamientos se saldaron con el cierre de la Universidad; Laín Entralgo dimitió como Rector y Franco destituyó al ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. Durante los años del rectorado de Pedro Laín se fundaron las primeras Escuelas, como una vía para impartir enseñanzas no contempladas en las facultades y que, años después, se transformarían ellas mismas en nuevas facultades. Es el caso de la Escuela de Estadística (1952) y la Escuela de Psicología y Psicotecnia (1953). El cambio rectoral y ministerial determinó una nueva etapa en la que muchos de los presupuestos educativos del primer franquismo entraron definitivamente en crisis. El alumnado universitario optó por nuevas vías de participación social y política, lo que determinó la pérdida de protagonismo del SEU, que acabaría desapareciendo en 1965, cuando el ministro Manuel Lora Tamayo certificó su inoperancia para controlar el movimiento contestatario. El problema estudiantil fue tratado como una cuestión de orden público, con el claro apoyo de las autoridades académicas. La misma dureza se mantuvo para controlar la disidencia de profesores, como muestra la expulsión, en febrero de 1965, de los catedráticos madrileños López Aranguren y García Calvo y del catedrático en Salamanca, Enrique Tierno Galván. En 1962, en un marco social y económico distinto al surgido de la guerra civil, se hizo preciso una renovación en profundidad de la Universidad: se requerían nuevas categorías de profesorado, una más eficaz organización académica y una mejor adaptación a las necesidades de los alumnos. Ya en 1962 la Universidad adquirió estatuto de “organismo autónomo” adscrito al Ministerio de Educación. En 1965 vio la luz la Ley de Enseñanza Universitaria. En ese marco legislativo algunas enseñanzas superiores, como las enseñanzas artísticas, se incorporaron al espacio de la Ciudad Universitaria. Los principios que inspiraron esta norma se incorporaron a la Ley General de Educación de 1970, una vez que los planteamientos más reformistas llegaron al Ministerio de la mano de Villar Palasí; al amparo de esta Ley, la Universidad de Madrid pasó a denominarse Universidad Complutense de Madrid y adoptó sus primeros estatutos efectivos.

A la muerte de Franco, la Universidad vivió la misma incertidumbre e interinidad que el resto de la sociedad española. La aprobación de la Constitución y la consolidación democrática permitieron la promulgación de una nueva legislación universitaria. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 sentó las bases de un moderno modelo universitario: el gobierno de la Universidad se hacía recaer sobre la propia comunidad académica; la toma de decisiones se democratiza y los departamentos universitarios asumen la organización de la docencia e investigación. Todo esto se plasma en los nuevos Estatutos, aprobados en 1985 y reformados en 1991. La Universidad ha debido adaptarse a la organización administrativa del Estado, planteada en la Constitución de 1978, en la que las competencias en materia educativa quedan atribuidas a las comunidades autónomas. En nuestrO caso, la asunción de competencias universitarias por la Comunidad de Madrid tuvo lugar en 1995. La apertura a la sociedad propició la creación de un amplio abanico de nuevas titulaciones con las que la Universidad respondía a las exigencias intelectuales, económicas y científicas de los nuevos tiempos. Como consecuencia, se multiplican los centros destinados a impartir estas titulaciones. Durante el período de vigencia de la Ley de 1983 se crean la Escuela Universitaria de Trabajo Social (1983), la Facultad de Odontología (1986), la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (1987), la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación (1990), la Escuela Superior de Informática (1991) y la Facultad de Educación (1991). El avance tecnológico experimentado en las últimas décadas del siglo XX ha forzado la consolidación de equipos de investigación, de índole pluridisciplinar y que requieren de personal técnico especializado; nacen así los Centros de Ayuda a la Investigación [CAI] y el Instituto Pluridisciplinar. La colaboración entre instituciones, con la riqueza de enfoques y sinergia de esfuerzos que permite, ha estimulado -a comienzos del siglo XXI- la constitución del Parque Científico de Madrid, en el que la Universidad Complutense de Madrid participa junto a la Universidad Autónoma, el CIEMAT y otras entidades públicas y privadas, para conformar una fundación sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación, desde la que se potencia la transferencia de conocimientos en procesos y servicios. Una vez incorporada España a la Unión Europea, se ha establecido un nuevo marco de referencia para nuestra educación superior. Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante los estudios superiores son, en cada uno de los sistemas universitarios europeos, comunes y homologables. Nace así, el Espacio Europeo de Educación Superior. Esta nueva ordenación académica se refleja en la Ley Orgánica de Universidades, de 2001, modificada en 2007, y en los subsiguientes Estatutos de la Universidad Complutense, de 2003. Las enseñanzas universitarias complutenses, en consonancia con los demás sistemas universitarios europeos, se vertebran en tres ciclos: grado, máster y doctorado, que han sido acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación y son periódicamente validados para mantener altos niveles de calidad y eficacia académica. En consecuencia, surgen nuevos centros o se modifican sustancialmente los existentes: en 2006 la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación se transforma en Facultad de Ciencias de la Documentación; en 2012 el resto de escuelas universitarias también se convertirán en las Facultades de Comercio y Turismo; Enfermería, Fisioterapia y Podología; Estudios Estadísticos; Óptica y Optometría y Trabajo Social.

La Universidad Complutense de Madrid asume como propio un triple ideal: formar profesionales útiles a la sociedad, promover la investigación científica y difundir, entre los próximos y los lejanos, el conocimiento y los valores que son inherentes a la Universidad.